A mediados de agosto, se reunieron por quinta vez en la sede de la ONU en Nueva York representantes de 100 países comprometidos en sacar adelante el Tratado de los Océanos. El objetivo perseguido es tan ambicioso como difícil de conseguir. Se trata de proteger la vida marina en las aguas internacionales de alta mar mediante la aplicación de una serie de medidas consensuadas y de general aplicación en todos los océanos.
Todo empezó hace dos años cuando los líderes políticos que participaron en la Cumbre de la ONU sobre Biodiversidad en representación de 93 países de todas las regiones y de la Unión Europea, se comprometieron a revertir la pérdida de biodiversidad marina para 2030. Para ello se necesitaba un tratado que estableciera regulaciones para la protección de la biodiversidad en dos tercios de las aguas no territoriales de los océanos del mundo
.El también llamado Tratado de Alta Mar no acaba de perfilarse. Y eso que ha alcanzado ya la quinta ronda de conversaciones. Porque en esta última, tampoco ha sido posible el consenso para dar un impulso global a la acción oceánica. El que asegure la protección de la vida marina. Y el mantenimiento del protagonismo que los océanos deben seguir teniendo en la suavización del clima, la seguridad alimentaria mundial y la salud general de nuestro planeta.
La siguiente meta para los países comprometidos es la de conseguir cerrarlo en la próxima reunión prevista para finales de este año. Mientras tanto, el planeta sigue sin disponer de una estrategia cohesiva para detener y revertir la pérdida de biodiversidad marina en los océanos. Esa que garantiza la salud de la Tierra y asegura nuestro sustento.
Los océanos se lo merecen todo, porque además de alimento, nos dan oxígeno, regulan el clima y absorben nuestras emisiones de carbono. En este sentido, el pasado mes de junio, se celebró la reunión “Estocolmo+50” , acordada por resolución de la Asamblea General de la ONU. Allí se conmemoró el cincuentenario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972. En ella, la acción ambiental se convirtió en un asunto mundial urgente.
En 1972, las conclusiones del evento fueron por un lado la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y por otro, la comprensión de que el hombre había llegado a uno de esos puntos fundamentales en su historia donde sus actividades son los principales determinantes de su propio futuro.
La reunión de Estocolmo finalizó con 10 recomendaciones para enfrentar las tres crisis planetarias que amenazan el futuro. El calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y la contaminación y los residuos. En la décima se indicaba con claridad que para conseguir implementar los acuerdos de Estocolmo+50 hay que reforzar y revitalizar los procesos internacionales en curso. Incluyendo un marco global para la biodiversidad mediante un acuerdo de implementación para la protección de la biodiversidad marina. Y el desarrollo de una nueva convención sobre plásticos. .
Sin embargo, la cruda realidad es que hasta hoy solo se han comprometido para apoyar la implementación del objetivo global de proteger al menos 30 % de la tierra firme del planeta y al menos el 30% de sus océanos para 2030. Quedan menos de 8 años para asegurar el mínimo requerido para detener la pérdida de biodiversidad. Y aportar soluciones para revertir su deterioro. Solo así se respetará el espíritu de la antes citada reunión de Estocolmo+50. Y con esta hoja de ruta, la High Ambition Coalition for Nature and People (HAC for N&P), está tomando medidas concretas para avanzar hacia un nueva fase para apoyar la implementación de este objetivo global al que denominan ’30by30′.
Se inserta en el marco Marco Global de Biodiversidad (GBF) que desde hace dos años es una de las soluciones para detener y revertir la pérdida de biodiversidad y que fue llevado en octubre de 2021 a la decimoquinta Conferencia de las Partes (COP15) del Convenio sobre la Biodiversidad.
Nos encontramos ahora en una encrucijada. Si miramos atrás, veremos que desde la Conferencia de las Naciones Unidas Río+20 en 2012, un centenar largo de países llevan 10 años tratando de negociar un Tratado para la conservación y el uso sostenible de la Biodiversidad más allá de las fronteras marítimas de cada uno de ellos y de las Zonas Económicas Exclusivas. Como el 70% de la superficie de los océanos no corresponde a estas dos ámbitos, la zona todavía desprotegida es inmensa.
El siguiente paso debía ser el de firmar un tratado sólido en este año de 2022. Pero, como comprobamos al principio, no ha podido ser. Parece una tarea de titanes conseguir establecer una estrategia consensuada para «todos los océanos». Pero es lo que necesitamos en el planeta para abordar la crisis de la biodiversidad.
Como siempre ocurre en estos casos de disenso, se buscan culpables. Para unos, son los EE. UU. y otros países ricos los responsables de no haber llegado a un compromiso ya, después de todo lo que se ha conversado desde hace décadas. Pero cada pequeño avance en la protección de zonas concretas, como son los llamados “santuarios marítimos” ha costado ímprobos esfuerzos y mucho tiempo gastado en conseguirlo.
La burocracia no ayuda tampoco en este caso. Por eso, el tiempo necesario para la aprobación de las diversas evaluaciones de impacto ambiental es uno de los problemas más difíciles de resolver. Aunque tampoco sea sencillo conseguir llegar a un acuerdo sobre un procedimiento para la creación de áreas protegidas.
No en todas las zonas se avanza a la misma velocidad. Destaca la lentitud de los países del hemisferio norte. Ellos aun están dando los primeros pasos hacia el compromiso. Sin embargo, por parte de los países de la zona del Caribe y las islas del Pacífico, todo marcha mucho mejor. El tiempo para conservar una buena salud de los océanos se va acabando. Y no ayuda nada la tensión que vivimos a causa del conflicto entre Rusia y Ucrania. Porque Rusia no está dispuesta a participar en las conversaciones y no hace nada para avanzar en estos aspectos.
Solo queda esperar y no perder la paciencia. Porque las conversaciones se reanudarán automáticamente en 2023. A menos que la Asamblea General de la ONU programe una sesión especial de emergencia antes de finales de este año. Mientras, quedémonos con lo positivo. En esta ronda de conversaciones ya se ha logrado algún avance significativo hacia el consenso que permita la firma del tratado. Pequeño e insuficiente a pesar de la creciente evidencia de impactos devastadores para la vida marina puesta de manifiesto en la reunión.
Antes, los líderes tienen una nueva cita en la que esperamos se ocupen de desatar el nudo. Se trata de la Conferencia de Biodiversidad de las Naciones Unidas (COP 15). Se se celebrará en Montreal en diciembre de este año.
En el capítulo de las emisiones, en Europa, la CE se mueve. Por fortuna en el ámbito comunitario, sí que avanza la propuesta de medición armonizada de las emisiones del transporte y la logística. Y esto será de gran importancia para la salud de los océanos, debido a la acidificación que provocan las emisiones.
Esta iniciativa establece un marco común para calcular y hacer públicas las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el transporte. Lo bueno es que su radio de accción en este sector alcanza tanto al de pasajeros como al de mercancías. Cuando sea un hecho, los proveedores de servicios podrán controlar y reducir sus emisiones y mejorar la eficiencia de sus medios de transporte. Y todos los usuarios tendrán sufuciente información para elegir la opción más sostenible.
Es muy importante actuar en este ámbito porque, el sector del transporte tiene el record de ser el único sector económico cuyas emisiones totales superan a las de 1990. Reducirlas exige contabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Porque solo así se puede incentivar a las empresas, los clientes y los pasajeros a adoptar soluciones de transporte más eficientes y respetuosas con el medio La salud de los océanos está en juego
Además, esta iniciativa contribuirá a implementar el Pacto Verde Europeo, y a cumplir los objetivos y las metas que recoge la Legislación Europea sobre el Clima. Abordará las normas de emisiones, requisitos y seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero de vehículos, buques y aeronaves. También el suministro sostenible de mercancías, etiquetas ecológicas, comportamiento medioambiental de los productos y las organizaciones. Y por último, la información de las empresas sobre sostenibilidad, así como el desarrollo de normas de la UE en este ámbito.
En la actualidad, la falta de información impide a las empresas, clientes y pasajeros controlar y comparar las diversas opciones de servicios de transporte con respecto a sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto sucede debido a la gran fragmentación de los enfoques metodológicos para el cálculo y el reparto de las emisiones de GEI en el transporte y la logística
Tampoco existe un marco común y universalmente aceptado para la contabilización de las emisiones de GEI en los sectores del transporte y la logística. Para evitar revertir la situación, se han realizado muchos intentos para definir un marco estándar. Pero no han llegado a buen puerto. Y así, los que realmente miden su huella de carbono de su empresa o servicio, que son los grandes operadores del mercado, lo hacen principalmente con fines de evaluación comparativa interna. Aunqe nunca como un factor que incentive sus ventas o su imagen corporativa. Porque casi nadie publica sus datos sobre la huella de carbono ni divulgan dicha información en sus actividades comerciales.
Además, al no existir normas claras para el almacenamiento y el tratamiento de dichos datos, la posibilidad de divulgar información delicada desde el punto de vista comercial puede suscitar preocupación. Por ello, el objetivo general de la iniciativa es incentivar la reducción de las emisiones procedentes del transporte y la logística. Estableciendo unas condiciones de competencia equitativas para la contabilización de las emisiones de GEI. Y fomentando además un cambio de comportamiento.
La iniciativa se dirigirá a los proveedores de servicios de transporte, las plataformas de comercio electrónico y los usuarios de servicios de transporte (pasajeros, clientes, expedidores y proveedores de logística terceros). También a autoridades públicas de la UE, nacionales, regionales o locales. Y a otros reguladores del transporte. Con ella se pretende aliviar el medio y mejorar la salud. Además de contribuir al cumplimiento de los ODS en materia de clima y de consumo y producción responsables.
Los efectos negativos se vinculan a los costes de cumplimiento y a la carga administrativa relacionada con la adaptación, la ejecución, el funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas de contabilización de GEI.
La Comisión ha previsto una serie de actividades de consulta para recabar datos y opiniones de las partes interesadas. Su objetivo es precisar la definición del problema y los objetivos de la iniciativa. Y elaborar opciones de actuación evaluando su viabilidad e impacto.
Ya finalizó la primera parte del proceso de consulta en en el primer trimestre de 2022. Consistió en una consulta pública abierta de doce semanas de duración. También las consultas específicas con las partes interesadas han finalizado en junio. Sin embargo, hasta el próximo dia 17 de octubre de 2022, está abierta la formulación de comentarios. Las contribuciones recibidas se tendrán en cuenta en el desarrollo y perfeccionamiento de la iniciativa. Se publicará un resumen de las contribuciones recibidas en un informe de síntesis que explicará cómo se han tenido en cuenta
Lorenzo Correa
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