Trump ha vuelto. Cuando, hace cuatro años, llegó el Presidente Biden al poder, escribimos un artículo en el que adelantábamos las posiciones de esa su nueva administración respecto a los asuntos relacionados con la gestión ambiental. Vimos como Biden confeccionó un equipo tres veces “multi”: Multidisciplinar, multicultural y multiétnico. Y cómo hizo volver a la palestra y al poder, rostros que ya habían formado parte de los equipos de Obama en la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
En lo que se refiere al agua, los problemas más acuciantes a resolver hace 4 años eran mu diversos. La crisis de Flint (plomo en el grifo), la legislación de las aguas de EEUU (WOTUS), los embalses, las inundaciones costeras provocadas por los huracanes, la contaminación ocasionada de las plantas de carbón, la sequía californiana y la restauración de los Everglades
Recordemos las enormes controversias levantadas por los cambios en la WOTUS iniciados por Obama, detenidos por Trump y retomados por Biden. Consiguió que la EPA pudiera actuar sobre el 60% del agua del país que discurre por cauces no navegables. Para gestionar los cauces que bastecen a más de 100 millones de personas. Biden se encontró al llegar con que los estados donde la regla WOTUS había sido bloqueada temporalmente por los tribunales de distrito en la era Trump eran 28. Y solo se aplicaba en 22.
Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo de 2023 en eliminó la jurisdicción de la Ley de Agua Limpia sobre muchos humedales. Y esa norma sigue siendo impugnada en los tribunales por 27 estados.
Ahora, le vuelve a tocar a Trump. Y entre los defensores de las políticas ambientales llevadas a cabo hasta ahora por el presidente saliente, vuelve a cundir el pánico. Se temen repercusiones negativas para las medidas adoptadas en este cuatrienio en materia de clima y medio.
En el caso de la regla WOTUS, Trump volverá a las políticas hídricas aplicadas durante su primer mandato Trump, con menos regulación federal basada en la Ley de Agua Limpia y menos oportunidades para que la gente se oponga a proyectos de construcción que afecten humedales y vías fluviales.
Ahora, el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, exige que la EPA derogue la norma WOTUS de la administración Biden , su norma de certificación estatal de la Sección 401 de la Ley de Agua Limpia, y que “revise” la designación de las sustancias perfluoroalquilo y polifluoroalquilo (PFAS) como “sustancias peligrosas” según la ley federal. Revisando también las regulaciones de limpieza de aguas subterráneas de PFAS. En cualquier caso este proyecto puede proporcionar una posible hoja de ruta para la desregulación del agua para la nueva administración, aunque Trump haya rechazado el documento.
Hágase notar que la regla de la Sección 401 otorga a los estados poder de veto sobre grandes proyectos de infraestructura interestatales que podrían contaminar las aguas dentro de sus fronteras.
Por su parte, la nueva regulación de Mejoras en las Normas sobre Plomo y Cobre de la administración Biden, finalizada el mes de marzo pasado, exige que todas las conducciones de abastecimiento de plomo se eliminen para 2027. En fin, que muchas regulaciones de la EPA sobre agua limpia y agua potable serán reevaluadas en la segunda administración de Trump. Y las regulaciones sobre humedales y PFAS están entre las que probablemente serán analizadas más de cerca
Como estamos comprobando, entre 2016 y 2020, en su primer mandato, Trump desmanteló las iniciativas climáticas federales. E intentó hacer lo mismo con 125 protecciones ambientales fundamentales para “proteger” a las personas y al planeta. No tuvo éxito en muchos casos, ya que la administración de justicia lo impidió. Pero ahora, la oposición teme que vuelva a la carga.
Asustados están los perdedores con los cambios que se anuncian en los altos cargos directivos de la EPA y del Departamento del Interior (DOI). Se adivina un impulso decidido al incremento de la producción de petróleo y gas. También limitaciones al desarrollo de energía limpia. Y el cambio de uso de miles de millones de dólares en fondos no gastados de la Ley de Reducción de la Inflación, que se destinarían a fomentar actividades productivas con alto contenido de carbono.
Por otra parte, se dejarían sin efecto iniciativas de justicia ambiental y se congelarían políticas climáticas federales. Así, se impediría que el país cumpla con sus objetivos de reducción de emisiones. Más miedo más que se retiren del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Y que reduzcan el destino de fondos “climáticos” a las naciones vulnerables. Estos son los reveses climáticos que Trump podría ofrecer garcias al poder que los ciudadanos le han otorgado en las urnas
1. Congelar la promulgación de nuevas leyes federales sobre el clima
Medidas de reducción de emisiones o inversiones en energía limpia. Aunque tanto la Ley de Reducción de la Inflación como la Bipartidista de Infraestructura están en vigor y aseguran el “progreso”, la ausencia de nuevas políticas federales ampliará la brecha entre los objetivos climáticos nacionales y sus datos reales de emisiones.
2. Recortes a las agencias climáticas y reposición de sus directivos
La trumpista hoja de ruta del Proyecto 2025, definer importantes recortes presupuestarios tanto en la EPA como en el DOI. Para que no puedan gestionar los proyectos de reducción de emisiones, incentivos de energía limpia y protecciones ambientales aprobados. Este Proyecto 2025 también pretende reformar las agencias científicas federales como el Programa de Investigación del Cambio Global y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).
Además, Trump tiene muy claro que va a nombrar directivos de agencias que dejarán sin efecto la mayor cantidad posible de políticas climáticas. Su principal objetivo es eliminar obstáculos para incrementar la producción de petróleo y gas.
3. Reasignación de fondos climáticos
En este sentido, Trump ha prometido “rescindir todos los fondos no gastados” amparados por la Ley de Reducción de la Inflación. Aunque ya se ha gastado casi el 90%, quedan miles de millones de dólares por gastar, destinados a inversiones en energía limpia Y a reducir emisiones en sectores clave como la generación de electricidad y el transporte.
4. Retirada del Acuerdo de París
En su primer mandato ya se produjo la retirada. Y ahora, ya ha prometido volverlo a hacer. Así como pretende abandonar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y acabar con la colaboración de Estados Unidos en iniciativas internacionales clave, como las que abordan la deforestación. La duda reside en si otros países seguirán la estela marcada por Trump y también abandonarán este Acuerdo
6. Reducción de la protección ambiental por parte del gobierno federal
Trump se ha comprometido a abolir 10 regulaciones por cada nueva regulación implementada. Las regulaciones eliminadas probablemente afectarán la mayor parte, si no la totalidad, de la agenda energética y ambiental de Biden. Esto incluye las normas sobre emisiones de gases de efecto invernadero para las centrales eléctricas y los automóviles, así como una tasa sobre las emisiones de metano.
7. Desmantelar las iniciativas de justicia ambiental
En este caso, se cree que desmantelará la iniciativa Justice40 de Biden, que establece un objetivo para todo el gobierno de garantizar que el 40% de los beneficios generales de ciertas inversiones federales se destine a comunidades desfavorecidas que están marginadas, desatendidas y sobrecargadas por la contaminación.
8. Más nombramientos judiciales conservadores
Esta segunda presidencia le ha dado una sólida mayoría en el Senado. Por ello tiene fácil situar a cientos de jueces conservadores en los tribunales federales.
9. Eliminación de las protecciones para la tierra y los bosques
También volverá a autorizar la Ley Agrícola, debilitando acciones protectoras de bosques y ampliando talas.
10. Limitación de las inversiones ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza)
Durante la primera administración de Trump, el Departamento de Trabajo aprobó una norma que dificultaba estas inversiones. Biden dio marcha atrás y emitió una nueva que permitía a los planes de jubilación tener en cuenta cuestiones ASG.
Por todo lo expuesto, se abre un período de incertidumbre con la única certeza de que a partir de ahora, el panorama favorable a los ambientalistas luchadores contra el cambio climático generado por el ser humano, van a dejar de tener la sartén por el mango, ya que no tendrán más poder.
Sus únicas esperanzas residen en iniciativas apoyadas por ambos partidos a la energía geotérmica de próxima generación. Y en el apoyo del lobby de empresarios a la descarbonización de las industrias pesadas y al fortalecimiento de las cadenas de suministro internacionales para garantizar la competitividad y la seguridad de Estados Unidos. Porque tales iniciativas reforzarían la industria manufacturera y la seguridad nacional de Estados Unidos, al tiempo que beneficiarían al clima.
Es de esperar que la batalla contra las decisiones ambientales de la nueva administración se inicie de inmediato. Ya ocurrió cuando Trump anunció en 2017 que Estados Unidos se retiraría del Acuerdo de París. Entonces se produjo una reacción unánime de comunidades, estados, naciones tribales y líderes empresariales. Se asociaron en “America Is All In” .
Más de 4000 alcaldes, gobernadores, presidentes de universidades y líderes empresariales firmaron la declaración We Are Still In, comprometiéndose a cumplir con los objetivos de reducción de emisiones establecidos en el Acuerdo de París. Y a seguir colaborando con la comunidad internacional. Prtenden reducir las emisiones de Estados Unidos hasta en un 37 % para 2030, incluso sin intervención federal. Ellos tienen claro que el impulso que ya tienen los “climáticos” es imparable por la administración federal
También pelean en esta batalla los 24 estados y territorios que conforman la Alianza Climática de Estados Unidos, que representa al 54% de la población y al 57% de la economía de ese país. Ellos se han comprometido a alcanzar emisiones netas cero a más tardar en 2050.
Por su parte, las ciudades también se han asociado en “Climate Mayors”. Desde 2017 a hoy, conforman una red bipartidista de casi 350 alcaldes que impulsan la acción climática en sus ciudades.
Además, hay que tener en cuenta los incentivos fiscales contenidos en la Ley de Reducción de la Inflación, claves para reducir las emisiones y construir una economía baja en carbono.
En agosto de 2024, dieciocho republicanos de la Cámara de Representantes instaron públicamente al presidente de la Cámara a no derogar los créditos fiscales para energía limpia de dicha Ley.Gracias a ella se han creado más de 330.000 puestos de trabajo .Y, 215 proyectos de energía limpia aterrizaron en distritos republicanos, siendo 119 en los demócratas. Siete estados (Arizona, Nevada, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Wisconsin y Pensilvania) albergarán el 44% de los proyectos de fabricación de energía limpia anunciados desde que se firmó la ley climática en 2022.
Aunque es seguro que los republicanos tendrán la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, las políticas ambientales requerirán 60 votos en el Senado para convertirse en ley. Por ello, aún podrán formularse políticas climáticas que cuenten con apoyo bipartidista. Cuestión de consenso entre los dos grandes
De todo lo expuesto parece deducirse que el impulso a la acción climática en EE.UU. continuará.Aunque es seguro que el segundo mandato de Trump desacelerará el ritmo impuesto a la acción climática de Estados Unidos, no podrá detener el impulso subyacente.
Los “climáticos” no pierden la esperanza. Tienen su confianza depositada en la Ley de Reducción de la Inflación y en la Ley Bipartidista de Infraestructura. Y creen que ambas seguirán impulsando la energía limpia. Además el impulso de líderes locales, estatales y del sector privado, podrán ayudar a que este impulso no decaiga.
Como siempre, el tiempo dará y quitará razones. La solución estará, como siempre también, contenida en el futuro del agua.
Lorenzo Correa
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