De todos es sabido que en Iberoamérica hay agua de sobra, pero también que no sobra el agua. Para los que quieren desentrañar los misterios de esta curiosa paradoja y saber más, aquí van algunos datos básicos, extraídos del exhaustivo informe recientemente realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y por el Banco de Desarrollo de América Latina.

Los recursos hídricos renovables iberoamericanos ascienden a un volumen de 13.555 km³. En este volumen se incluye obviamente a los recursos aportados por Brasil, que constituyen el 20% de los recursos hídricos de nuestro planeta. Estos datos indican que Iberoamérica posee cerca del 30% de los recursos mundiales de agua, con el 8% de la población mundial. Sobra agua si lo comparamos con el continente asiático, que posee el 36% de los recursos mundiales con el 60% de la población del planeta.

Pero, sin embrago, “no” sobra. Como ya sabemos, uno de los principales problemas de la gestión del agua es el de que su desigual distribución en el espacio y en el tiempo en muchos casos o casi nunca,  coincide con la demanda. En Iberoamérica, el caso más notable en estos aspectos es el de Perú, donde más del 50% de su población se ubica en la cuenca pacífica, que solo cuenta con el 1,8% de la disponibilidad hídrica del país. Algo similar ocurre en Centroamérica, donde dos tercios de la población reside en las cuencas del Pacífico, que solo disponen del 30% de las aguas superficiales. Por su parte,  en el norte y noroeste de México reside el 77% de la población, que solo cuenta con el 31% de los recursos hídricos renovables disponibles.

Tampoco sobra el agua en la cuarta parte del territorio iberoamericano, que es árido o semiárido: es el caso de la Patagonia (Argentina), la Puna (Argentina, Bolivia, Chile y Perú), el Chaco (Argentina, Bolivia y Paraguay), el desierto costero (Chile y Perú), el desierto sonorense (México), el noreste de Brasil y el semidesierto de Venezuela

Además, en muchos casos, la calidad de las fuentes existentes se ha deteriorado por el vertiginoso y anárquico crecimiento urbanístico de las megápolis, cuya consecuencia directa es el vertido de aguas residuales domésticas e industriales sin tratar o con un insuficiente grado de tratamiento.

Hay que añadir también la problemática generada por el vertido de las aguas usadas y alumbradas en  actividades mineras y, sobre todo en las actividades agropecuarias.

Disponer de agua, gracias a unas lluvias regulares y generosas como las que precipitan sobre las zonas húmedas de Iberoamérica, es necesario para satisfacer las garantías de suministro, pero no suficiente si la contaminación no permite usar aguas superficiales y subterráneas que están ahí pero que no son utilizables debido a los elevadísimos costes de las inversiones inherentes a su tratamiento.

En este contexto se enmarca la celebración del VII Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua, que se celebrará en Panamá del 14 al 16 de septiembre en la ciudad de Santiago,provincia de Veraguas. Enn este encuentro,  500 expertos, representantes de 22 países debatirán sobre el uso adecuado y la conservación del agua, el cambio climático y las estrategias comunitarias en áreas rurales.

El evento organizado por la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (CLOCSAS) abordará la correcta gestión del agua, las  medidas para enfrentar el déficit hídrico y  las estrategias para incentivar a la juventud en la gestión comunitaria del agua.

El representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Fidel Jaramillo indicó durante el lanzamiento del foro que la región latinoamericana ha mejorado sus indicadores pero que todavía enfrenta grandes desafíos en la gestión de los recursos hídricos porque en Iberoamérica la  población urbana tiene acceso al agua potable en un 97%, aunque  en el sector rural, desciende al 82 %, lo que significa que dos de cada 10 habitantes de las zonas rurales carecen de agua de calidad con garantías de suministro. El representante del BID, organismo que financia parte del evento, aseguró que la situación se empeora en esas comunidades cuando se trata de servicios de saneamiento porque la población que carece de servicios básicos es la población más vulnerable de Iberoamérica

OBJETIVOS Y RETOS DE FUTURO: DE DÓNDE PARTIMOS Y A DONDE QUEREMOS LLEGAR

Iberoamérica es la región más desigual del mundo al presentar la peor distribución de ingresos. En los últimos años, no obstante, se ha notado un progreso considerable en materia de economía y estabilidad política, y se han logrado avances en la lucha contra la pobreza, que desciende según demuestra la tendencia regional de los últimos 10 años. En el nivel nacional, solo en Brasil, Chile y Uruguay la pobreza es inferior al 20%. En Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú, la tasa oscila del 21% al 30%. En Guatemala, Honduras y México, más de la mitad de la población se encuentra por debajo del umbral de pobreza.

La población total de la región en 2015 era de 585 millones de personas,  que representa aproximadamente el 8% de la población mundial. Brasil y México son los países más poblados, con el 56% de la población. La población urbana en la región supera los 470 millones de habitantes, equivalente al  80% de la población total, porcentaje superior al registrado en Europa y ligeramente inferior al de Norteamérica.

Según las estimaciones, la población urbana seguirá creciendo y aumentará su proporción respecto de la población total, hasta llegar al 82% (503 millones) en 2020, y al 84% (559 millones) en 2030, por lo que esta realidad debe seguir siendo considerada en el diseño de la políticas públicas. La población rural se mantendrá en torno a unos 110 millones, por lo que la proporción será de 5 urbanitas por cada campesino, lo que resalta el hecho común ya en  todo el mundo de planificar las inversiones y acciones a desarrollar en los centros urbanos de la región con la importancia que hay que darle a tener ahí concentrada y compactada a la inmensa mayoría de la población. En las grandes y medianas urbes, con una población superior a 300.000 habitantes, vive actualmente cerca del 60% de la población urbana, porcentaje que, según se anticipa, será del 64% en 2030.

Pero lo más importante es que 107 millones de personas (45 de ellas en el medio rural),  todavía no disponen de instalaciones de saneamiento mejorado. Según los datos disponibles, en 2015 un total de 19 millones de personas defecaban en campo abierto, la mayor parte en áreas rurales dispersas situadas principalmente en Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.

El nuevo reto está determinado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya ambiciosa meta es alcanzar la cobertura universal mediante la provisión de servicios de calidad, económicamente asequibles y seguros, garantizando la equidad y la debida consideración a la sostenibilidad de los recursos hídricos.

Aunque se han cumplido los objetivos del milenio (ODM), en materia de agua potable, están por cumplirse los ODM relativos al saneamiento. Si bien hay niveles de cobertura bastante altos en la mayoría de los países, llegar al último segmento de la población constituye el logro más difícil y costoso. Y es precisamente en esos niveles donde reside el grueso de la población. Para asumir el reto y conquistar los ODS, es necesario promover el fortalecimiento institucional, reducir la falta de sinergia con otros sectores e incluir las consecuencias del calentamiento global en las agendas de los países.

EL PAPEL DEL ESTADO EN LA GESTIÓN DEL AGUA

Como ocurre en casi todo el mundo, existen dos visiones bien diferenciadas sobre el rol del Estado en la definición de las políticas públicas y en la gestión de los servicios. En Colombia, Chile, México y Perú, el Estado ejerce la función de regulador, funcionando como un mediador entre los operadores encargados de la provisión de los servicios públicos. Las capacidades regulatorias del Estado se dirigen a mejorar la calidad de los servicios y la eficacia y eficiencia de los operadores, promoviendo la actividad privada.

En cambio en Argentina, Bolivia, Uruguay y Venezuela, el modelo es otro, pues el Estado  diseña y ejecuta las políticas destinadas a hacer funcionar los servicios, para garantizar la  satisfacción de las necesidades de las personas por encima de otros usos productivos o comerciales, sin subordinarse a criterios de rentabilidad, respondiendo solo a razones de interés social. En estos países la prestación de los servicios se realiza por medio de empresas públicas, llegándose a producir en algunos casos procesos de reestatalización de empresas, e impidiendo o prohibiendo la prestación del servicio por parte del sector privado.

EL PRESENTE DEL AGUA EN ÁMBITO URBANO Y RURAL

• Vertidos contaminantes, calentamiento global e inundaciones

Las aguas residuales con deficiente o nulo tratamiento de depuración son el principal problema, pues son las responsables de contaminar las masas de agua. A pesar de que el nivel de tratamiento se ha duplicado en la zona en los últimos años, sigue siendo bajo, pues solo se trata adecuadamente un 30% de las aguas que llegan una vez usadas a los sistemas de saneamiento, a través de las redes de alcantarillado. Por eso, la repercusión sobre las calidades del agua en las masas de agua superficiales, subterráneas y marinas es terriblemente negativa.

La variabilidad climática y los efectos del calentamiento global tenderán a acentuar sensiblemente la situación de escasez, por lo que para el futuro será indispensable la protección de las masas de agua, actuando en origen más que al final del ciclo de utilización. También procede tomar medidas de eficiencia en la gestión de la demanda, y en sus usos. Como ejemplo ilustrador, ciudades como Arequipa, La Paz y Quito, se abastecen de agua de los glaciares de montaña, por lo que en el futuro deberán buscarse alternativas por si la principal fuentre de suministro falla, para tener sistemas alternativos de almacenamiento temporal. También es preciso reducir la vulnerabilidad de las infraestructuras frente a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, y minimizar el impacto de otros desastres naturales, teniendo en cuenta el riesgo que estos eventos suponen para la población, especialmente para los más pobres.

• Redes de abastecimiento y saneamiento

Una región tan diversa en todos los aspectos como la iberoamericana, evidencia también diferencias notables en cuanto a la situación presente del abastecimiento de agua: Si en Chile se han alcanzado índices de provisión de servicios de agua potable y de alcantarillado sanitario comparables a los observados en países con alto desarrollo económico, en el resto de la región, si nos centramos en los lugares donde el abastecimiento presenta más dificultades por la gran cantidad de clientes a satisfacer que residen en ciudades donde no hay recursos propios, los problemas son y serán importantes. Allí es donde varias ciudades presentan deficiencias graves, vinculadas con el abastecimiento intermitente de agua potable para un porcentaje mayoritario de la población y el incumplimiento de los estándares de calidad del agua. Lógicamente, como ya señalamos en el apartado anterior, en este ámbito son muy bajos los niveles de tratamiento de las aguas residuales, o simplemente no se dispone de sistemas para su  tratamiento.

Según datos de 2015 sobre las áreas urbanas de los diversos países, en la República Dominicana y Venezuela no se ha alcanzado la meta planteada en los ODM respecto del acceso a fuentes mejoradas de agua potable. En cuanto al área rural, tampoco en Colombia, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela se ha cumplido dicha meta. En 2015, los resultados correspondientes al logro de la meta planteada en los ODM con relación al acceso a los servicios de saneamiento mejorado son menos alentadores que los observados con relación al servicio de agua potable. El número de países que no han logrado alcanzar las metas relativas a los servicios de saneamiento es mucho mayor.

Los datos concretos, son muy reveladores: 195 ciudades con más de 300.000 habitantes albergan 286 millones de habitantes. En ellas, las entidades gestoras de los servicios disponen de una razonable capacidad técnica y gerencial. Además, en este grupo, donde predomina notablemente la empresa pública como responsable de la prestación de los servicios, se detectan modelos de operación correctos en cuanto a cobertura y continuidad. Sobresalen las empresas privadas en Chile; una empresa pública de alcance nacional en Uruguay; la cooperativa de Santa Cruz en Bolivia; las empresas municipales en Bogotá y Medellín, Colombia; una empresa estatal de participación mixta en el estado de São Paulo, Brasil; la prestación privada en Barranquilla, Colombia; la prestación bajo una concesión en el caso de Guayaquil, Ecuador, y la empresa estatal de Monterrey, México.

Con relación al alcance de los servicios cabe destacar que la mayoría de las empresas abarcan el ciclo completo, es decir, integran agua y saneamiento en una sola organización. En Buenos Aires,  las dotaciones per cápita estimadas oscilan de 500 a 600  litros por habitante y día como consecuencia de pérdidas en las redes, de las derivaciones ilegales y de los altos niveles de desperdicio registrados por los consumidores finales. Este caso se repite en otras ciudades, como Panamá o Caracas. Estas deficiencias afectan mucho más a las poblaciones urbanas vulnerables y pobres que residen en las periferias de las ciudades. Con un 25% de suburbios no urbanizados, abastecer y sanear a sus poblaciones y evitar su exclusión se convierte en el gran reto de los gobiernos locales:  esa es la primera parte del problema.

Por su parte, 185 millones de personas viven en ciudades medianas y pequeñas. Aquí está la segunda parte del problema pues cuentan con escasa o nula capacidad técnica y gerencial. Este grupo comprende el 95% de los municipios de los países iberoamericanos, que tienen en sus manos la responsabilidad de prestar el servicio de agua y saneamiento a sus poblaciones. Esto significa un gran peso político para las autoridades de estos gobiernos locales, y una enorme presión sobre el gobierno central y las instituciones descentralizadas para lograr que se asignen presupuestos y se construyan infraestructuras orientadas a este segmento de la población. La gran fragmentación de operadores de servicios de agua y saneamiento se traduce en un mapa caótico compuesto por decenas de miles de gestores de múltiples tamaños dispersos en la región, que no cuentan con la posibilidad de operar a escalas económicas adecuadas.

Cabe hacer notar que otros sectores de prestación de servicios públicos en red no tienen los mismos problemas de organización industrial que presentan los servicios de abastecimiento y saneamiento, porque otros servicios públicos domiciliarios como la electricidad, las comunicaciones y el gas, se encuentran muy centralizados en su operación. A esto se suman las rigideces estructurales para introducir competencia entre los operadores en sentido tanto horizontal como vertical, y las implicaciones sociales y ambientales asociadas a la producción de agua y a la generación de agua residual mal o nada tratada.

La estrategia que hasta ahora siguen la mayoría de los países es reactiva ante la ocurrencia de eventos catastróficos, y resulta mínima la integración de la gestión de las cuencas hidrográficas y del planeamiento urbano.

Generalmente, las decisiones que se adoptan para corregir los problemas causados por las inundaciones urbanas son puntuales y casi exclusivamente de carácter estructural, y la solución en general consiste en trasladar la escorrentía aguas abajo de los lugares que se inundan,  mediante canales a cielo abierto. Esta estrategia, que no es acompañada por políticas de uso del suelo y del agua establecidas en forma conjunta, y que no se basa en una cuantificación modelizada técnica y económicamente de los volúmenes de escorrentía que se incrementan exponencialmente con la impermeabilización urbana, no resulta sostenible.

• Las zonas rurales

La población que reside en las zonas rurales de los países iberoamericanos es de aproximadamente 114 millones de habitantes. Se opera a través de juntas de agua y alcantarillado, o de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS), cuyas estructuras sociales están compuestas por grupos de vecinos que actúan allí donde no llegan los servicios prestados por las empresas que operan en las ciudades. Se autogestionan y dirigen sus esfuerzos a establecer sistemas de captación, potabilización, distribución y pago por el servicio, con un fuerte control local, así como con el aporte del voluntariado, lejos del seguimiento y el control de los esquemas regulatorios. El tamaño de las OCSAS varía. Las más pequeñas atienden menos de 500 familias; las medianas, entre 500 y 2000 familias, y las grandes pueden tener varios miles de usuarios. Aunque estas organizaciones se han concentrado en brindar servicios de agua potable, algunas ofrecen también saneamiento y gestión de residuos sólidos. Se han censado más de 80.000 organizaciones, que sirven a 30 millones de personas, con un fuerte arraigo en Ecuador, El Salvador, Perú y Paraguay. Este modelo prestacional ha funcionado bien, aumentando las coberturas en las áreas rurales.

PLANTEANDO LOS RETOS DE FUTURO

El reto a asumir en los próximos 15 años es el de lograr la máxima equidad posible en la prestación del servicio a todos los clientes, para eliminar los “ciudadanos de segunda”, ofreciendo a todos un servicio de abastecimento y saneamiento domiciliario continuo, sostenible y respetuoso con el entorno, con el objetivo de mejorar su calidad de vida

La abundancia, en principio, de recursos no es suficiente: hay que realizar una gestión más integrada y adoptar perspectiva transversal del agua, integrada en los objetivos del desarrollo nacional. Las expectativas del cliente han ido mejorando cuando lo han hecho las condiciones económicas y sociales de su entorno, disfrutando de una mejor calidad del servicio, con agua de calidad transportada por una red hasta su domicilio y con un aseo digno en cada casa. También aumentan las exigencias.

Los gobiernos regionales, obligados a cumplir los objetivos de desarrollo planteados, han asumido un compromiso político de inversión en el sector y han planificado actuaciones para mejorar las coberturas, en especial en las áreas urbanas, y para realizar obras de saneamiento y tratamiento de las aguas.

Sin embargo, todos los países están enormemente urbanizados y algunos siguen urbanizando, por ello hay que distinguir entre las políticas orientadas a las metrópolis, a las ciudades medianas y pequeñas o a las áreas rurales, pues en cada caso se generan escenarios diferentes. Si bien en las capitales y ciudades grandes hay más desarrollo, mayores ingresos y mejores condiciones de vida, no hay que olvidar que en los pobladísimos suburbios (con el 25% de la población urbana), hay auténticas emergencias ambientales, sin viviendas dignas ni servicios básicos y con bajísimos o nulos ingresos. Las políticas públicas deben orientarse a dotar de viviendas y de titulación de la tierra a estas personas, a fin de poder garantizar a esta población la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento.

En las ciudades medianas y pequeñas, el reto es gestionar mejor, agrupándolos, a la multiplicidad de pequeños operadores municipales y diseñar un marco regulatorio que optimice los ingresos y minimice el apoyo fiscal directo con el fin de alcanzar la deseada sostenibilidad técnica y financiera.

Otro reto que se presenta en las ciudades se relaciona con la contaminación de las masas de agua que reciben el vertido de aguas residuales y su indispensable tratamiento con una perspectiva de cuenca para capturar los beneficios de las inversiones en la infraestructura asociada.  En las zonas rurales, donde una parte de la población es de ascendencia indígena y está fuertemente ligada a la agricultura de susbsistencia, a pesar de una creciente atención política y un incremento de las inversiones, los servicios son de mala calidad y los activos no se mantienen en forma adecuada. Es preciso desarrollar nuevos enfoques para apoyar la obtención de asistencia técnica y la creación de capacidades de gestión.

Los principales desafíos para garantizar el acceso al abastecimiento y saneamiento de calidad exigen resolver estos problemas:

• la multiplicidad y la baja autonomía de los operadores
• la inadecuada aplicación de los recursos de inversión
• la ineficiencia en la provisión de los servicios
• las debilidades de los marcos regulatorios y de la institucionalidad asociada, y la carencia de información objetiva y de calidad para una adecuada toma de decisiones
• la vinculación de la gestión de los recursos hídricos y la provisión de los servicios
• la llegada  a las personas que aún no tienen acceso a las redes en áreas periurbanas y rurales, que componen el segmento más difícil y costoso.

Para alcanzar estos objetivos se necesita una inversión equivalente al 0,3% del PIB, a fin de cubrir tanto las inversiones directamente relacionadas con la operación de los servicios, como aquellas con fuertes externalidades ambientales y sociales, y las destinadas a la creación y la rehabilitación de infraestructuras.

La provisión de los servicios de agua potable debe ser considerada como un tema ligado al desarrollo de cada uno de los países, por lo que la toma de decisiones, el planteamiento de las políticas y la definición de las inversiones a realizarse en los diversos niveles, no solo atañen a la institucionalidad ligada al recurso hídrico y a los servicios de agua potable y saneamiento, sino que suponen un compromiso del más alto nivel político, que comprende a los ministerios de finanzas, planificación, vivienda y salud, al poder legislativo y a los gobiernos locales, así como la participación efectiva de los sectores productivos y de la sociedad civil.

Hay que universalizar servicios de calidad, desarrollando políticas y regulaciones sectoriales y  elaborando presupuestos de inversión en infraestructuras adecuados a cada uno de los segmentos de población. También hay que invertir allí donde los beneficios económicos y sociales sean mayores, primando los mecanismos de gestión encaminados al logro de la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras de los servicios.

Todos los que se quejan amargamente de la ausencia de grandes obras públicas, ya saben a donde pueden ir a buscar trabajo… porque, en Iberoamérica, las habrá.

Lorenzo Correa

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