En los últimos meses hemos estado recorriendo los frentes de batalla de algunas de las  guerras del agua desencadenadas en el mundo. Es realmente sorprendente la cantidad de conflictos activos, como preocupantes son sus secuelas. Hay guerras más crudas (Cochabamba), otras más amenazadoras (Asia Central), otras eternas (Trasvase del Ebro)  y todas tienen sus consecuencias que, desgraciadamente, deben soportar  el medio receptor que se  degrada y el sufrido contribuyente a costa de su bolsillo y de su salud. La mejor forma de  perder su confianza en el gestor. El futurodelagua pasa ineludiblemente por la corrección de esta tendencia al conflicto, aunque este desideratum se nos antoje difícil  de conseguir, por lo que estamos divulgando y exponiendo aquí.

Hoy nos vamos a ocupar de tres de los estados miembros del Deep South , Florida, Georgia y Alabama, porque ellos también tienen su ya prolongada guerra del agua  y de las secuelas científicas y económicas que se asocian al conflicto.

Económicas, porque el Departamento de Protección Ambiental del estado de Florida se ha quedado sin presupuesto para los gastos legales, al tener que dedicar toda la partida anual prevista íntegramente a la «guerra del agua», por lo que ha tenido que solicitar 3 millones de dólares más de la Comisión Legislativa Conjunta del Presupuesto.

Científicas porque esta guerra ha impedido que salga adelante un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos que pretendía mejorar las capacidades de pronóstico del tiempo a escala nacional, incluyendo el apoyo a predicciones estacionales y alternativas comerciales a la recogida de datos.

Si bien el Senado había aprobado este proyecto de ley el 1 de diciembre pasado y se esperaba que debido a la composición de la Cámara de Representantes, superaría con amplio apoyo bipartidista todos los obstáculos legislativos para que fuera firmada como ley por el ya ex presidente Obama, cuando el proyecto de ley volvió a la Cámara, el senador de Florida Bill Nelson había agregado una petición de  realización de  un estudio sobre la gestión del agua en las cuencas compartidas  por Georgia, Florida y Alabama.

Esa inesperada addenda provocó una acalorada discusión con los representantes de Georgia, y el proyecto de ley no se sometió a votación, quedando aparcado hasta que la nueva administración recién constituida decida al respecto. Y hete aquí que la guerra se ha trasladado a Washington, generando una gran polémica en la Cámara  entre los de Georgia (que consideran que la redacción de ese estudio era irrelevante para lo que realmente perseguía el proyecto de ley) y los de Florida y Alabama que intentan en cualquier escenario resolver las diferencias existentes con sus vecinos poniendo “bastones en las ruedas” a todo lo que pueda relacionarse con su guerra del agua.

¿Cuál es el origen de esta guerra?

Los ríos Chattahoochee y Flint fluyen a través de Georgia y se encuentran en la frontera de  Florida para formar el río Apalachicola, que desemboca en la bahía del mismo nombre en el Golfo de México. Es la conocida en EEUU como “ACF basin”, con una superficie de  52.000 km²

Allá por los años 50 del siglo pasado, a instancias de Georgia, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, (USACE) construyó la presa Lanier, en el río Chattahoochee, con el objetivo (entre otros), de resolver la garantía de abastecimiento de su capital, Atlanta. La superficie del embalse, de 2600 km², corresponde al  5% de la  “ACF basin”,  pero debido a que tiene el 65% de la capacidad de almacenamiento de toda la cuenca, se considera la última garantía en caso de sequía. Aunque casi toda la cuenca se ubica en los límites del estado de Georgia, Alabama tiene su parte oeste y Florida la parte final, con el delta del Apalachicola como joya ambiental de su corona.

Por eso, el agua embalsada, se destina también a los estados de Florida y Alabama…pero está almacenada en Georgia. Cuando la conciencia ambiental comenzó a implantarse en la sociedad (década de los 90) y la gran Atlanta empezó a crecer con fuerza, se iniciaron los problemas interestatales. Por mandato del Congreso de los EEUU, Larnier es un embalse federal que debe laminar avenidas, asegurar la navegabilidad río abajo y generar energía. Nada más. Pero en 1990, Florida solicitó la liberación de caudales ecológicos para proteger a un mejillón en peligro de extinción y Alabama hizo lo propio para refrigerar una central nuclear.

Florida culpa al rápido crecimiento de la metrópoli de Atlanta  y al de la agricultura en el sur de Georgia,  de la drástica disminución de  caudales en la desembocadura, lo que ha puesto en peligro la pesca litoral  dependiente de la magnitud del  caudal de  agua dulce que llega a la desembocadura.

Georgia responde que Florida nunca ha demostrado que su uso sea el culpable y proclama solemnemente que una reducción de caudales derivados en el embalse,  dañará irreversiblemente la economía del estado. Además, ha presionado al Congreso de los Estados Unidos para que prohibiese la navegación en el Appalachicola y el tramo final del Chattahoochee, para conservar más agua en el embalse y tenerla en caso de sequía, porque aduce que mantener los dos ríos con calado suficiente durante estos tiempos requiere grandes liberaciones de caudales embalsados, el envío de agua potable potencial aguas abajo  y la imposibilidad de navegar en los embalses. Solo el embalse Lanier es visitado por 7,5 millones de personas al año

Alabama no está directamente involucrado en este caso, pero ha tomado partido con Florida, alentando una limitación de la concesión de los caudales derivados por   Georgia.

Hubo pleito federal y desde entonces la guerra continúa. En julio de 2009, el juez dictaminó que el Cuerpo de Ingenieros (constructor y gestor del embalse), no podía cambiar el mandato del Congreso, ya que esto solo lo puede hacer el propio Congreso y  ordenó al estado de Georgia que retrocediera a la concesión de caudales existente en el año 2000, lo que obligó en 2010, al gobernador georgiano a legislar para reducir la demanda de Atlanta en el sistema de abastecimiento de agua del embalse y reservar $ 46 millones de dólares para comenzar a construir embalses regionales para Georgia. Pero tres jueces de la Corte de Apelaciones el fallo del año 2009 y dieron la primera victoria a Georgia.

Florida continuó incidiendo sobre aspectos ambientales, alegando que la reducción de caudal natural del río provocada por la derivación a Atlanta ha reducido los volúmenes que llegan al golfo de México, incrementando la salinidad y amenazando las ostras.

Como el litigio no se detiene, ha intervenido el gestor del agua de la cuenca, el USACE,  que acaba de redactar una extensa y prolija declaración de impacto ambiental que  evalúa las propuestas para adoptar una Guía para la Gestión del Agua actualizada en la cuenca. El período de revisión, que finalizaba el pasado 14 de enero,  se ha ampliado hasta el día 1 de febrero de 2017. Una vez recogidas las alegaciones, este documento servirá para que la justicia se pronuncie definitivamente al respecto.

En esta Guía el USACE  actualiza los planes de gestión del agua en la cuenca ACF para adecuar a las demandas actuales los recursos disponibles y definir cómo los nuevos proyectos federales deberán definir sus objetivos mediante actuaciones ajustadas sus competencias, a la situación actual de los usos y demandas en la cuenca y  al respeto a la legislación vigente. También considerará, junto con las operaciones para todos los fines autorizados, una amplia gama de alternativas de abastecimiento de agua asociadas con el embalse Lanier, para compatibilizar las derivaciones actuales debidas a las demandas existentes  con los nuevos caudales adicionales que Georgia ha solicitado desde el embalse y aguas abajo del mismo. Por último incluye también protocolos de gestión del riesgo de inundación y planes de  sequía.

La acción dará como resultado planes y manuales actualizados que cumplan con las regulaciones existentes de USACE y definan actuaciones que respeten  las autorizaciones existentes del congreso, teniendo en cuenta los cambios en la hidrología de la cuenca y las demandas de años de crecimiento y desarrollo, las  características estructurales nuevas / rehabilitadas, etc No es de extrañar que se haya prolongado el plazo del período de revisión de la Guía que inició en diciembre el proceso de participación ciudadana

Cuando USACE publique la Guía definitiva, pasará a estar en manos del Juez Especial Ralph Lancaster, que lleva el litigio Florida vs. Georgia ante la Corte Suprema de Estados Unidos en la cual recordamos que Florida solicita la fijación de un límite de caudales de la cuenca ACF destinados a Georgia. La decisión está al caer y habrá que seguirla con atención.

Así pues, por un lado tenemos a la comunidad meteorológica estadounidense enfadada por haberse visto afectada colateralmente, pero con consecuencias graves, en un proyecto que  habría permitido avanzar considerablemente en las herramientas que maneja la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y ​​habría mejorado la seguridad de los ciudadanos  y a la economía del país pues hubiera sido la primera ley que permitiera abordar la predicción meteorológica a escala de una generación,  impulsando la capacidad de la NOAA para hacer pronósticos climáticos estacionales entre 2 semanas y 2 años, y mejorado la investigación de huracanes, tsunamis y tornados. Y por el otro el pleito eterno  y de costes estratosféricos para los ciudadanos contribuyentes.

Y además, la documentación técnica base para poner fin a la guerra, la redacta el Ejército y pasa a debate en el Congreso para su decisión final. Así son las cosas en EEUU.

Dejemos mientras a los meteorólogos lamerse melancólicamente sus heridas, a los mejillones tomando el sol, a las ostras sin agua dulce suficiente, a los ciudadanos  y empresarios de Atlanta mirando al cielo cuando lleva tiempo sin llover, a los millones de visitantes del embalse preguntándose si este verano podrán navegar en él y y a los pescadores del litoral aullando por falta de capturas…¿ y los políticos?.

Si el presupuesto solicitado por el Departamento de Protección Ambiental de Florida para sufragar lo que queda de pleito se consigue, el estado habrá destinado  más de $ 100 millones a honorarios legales de bufetes relacionados con la guerra del agua.

Los mejillones y las ostras preocupan a los políticos, pero también los costes del litigio porque hay que explicar coherentemente a los ciudadanos la escalada de los presupuestos hasta llegar a tamaña millonada

Dejo a los lectores que saquen sus conclusiones, pero  la verdad es que quien diga que gestionar el agua en el futuro es fácil y lo demuestre debe ser elegido gestor ipso facto. ¿O no?

Lorenzo Correa

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