Los trabajadores y diletantes del mar dominan a la perfección la jerga marítima. Ellos conocen al dedillo los infinitos vericuetos y sendas por los arribar a puerto con eficacia surcando las aguas de océanos y mares interiores. Para los demás, siempre es bueno recordar cómo se conocen las distintas zonas en la que se divide el vasto vaso que llenan los mares. Ese en el que hasta hoy se ha invadido sin escrúpulos la paz de la alta mar.  

¿Conocemos realmente la delimitación de las zonas marítimas? Cuando oímos hablar de “alta mar”, ¿sabríamos ubicarlo en el mapa? ¿Y las aguas internacionales o el océano abierto? Tener claras las delimitaciones oficiales de las zonas marítimas es fundamental para estar bien informados de cómo la legislación internacional va regulando las aguas saladas.  Y protegiendo los fondos marinos y la supervivencia de hábitats y habitantes de los mares. 

Comenzando a medir desde costa hacia mar adentro, se delimitan franjas de agua marina para acotar la enorme extensión del océano. Cada franja medida en millas náuticas tiene su gestor y su función concreta. Recordemos también que la milla náutica es la unidad de medida usada para calcular la distancia recorrida a través del agua y aire. 

 En 1929, la Primera Conferencia Hidrográfica Internacional Extraordinaria, reunida en Mónaco, fijó el valor de la milla náutica exactamente en 1.852 m (un valor redondeado muy cercano a la longitud media de un arco de meridiano de un minuto, que es de 1.851,85 m). En 1982 la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptó la milla náutica como unidad de distancia para definir las aguas territoriales, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental.  

Una vez conocida la división zonal marina, ya podemos saber quién gestiona cada zona y qué se puede o no puede hacer en ellas. Lo más importante es que las aguas situadas más allá de la zona económica exclusiva (ZEE) del país correspondiente pueden ser utilizado libremente a nivel internacional para la pesca, el transporte marítimo y la investigación científica.  

La “libertad de uso” comienza a partir de las 200 millas náuticas o 370 km de la costa. Estamos en alta mar y en esta zona no hay jurisdicción concreta de ningún país, sino que todo se rige por el derecho internacional.   

Como es lógico, las amenazas para la supervivencia de especies allí son enorme. La pesca ilegal campa por sus respetos al no estar bien reglamentada. Se pesca en zonas prohibidas, usando casi siempre artes de pesca también prohibidas. Y la sobrepesca provocada destruye el hábitat de los fondos marinos como ocurre en el caso de la pesca de arrastre.   

El problema está en que la superficie ocupada por la alta mar alcanza a las dos terceras partes de los océanos del planeta y que en esa agua marina vive el 95% de sus habitantes, sobre todo el fitoplancton.  Por esta razón, la repercusión producida tanto en el ecosistema marino como en la biodiversidad de estas zonas es preocupante. Y a ella se une el gran interés que muestra la industria biotecnológica y farmacéutica por usar estos preciosos y hasta hace poco ignotos recursos. Cuando su explotación alcance una importancia relevante, habrá que evaluar los impactos en los ecosistemas marinos, que por ahora nadie conoce.   

Sin embargo, para los que luchan denodadamente contra el cambio climático y la descarbonización, las aguas marinas de alta mar son unas estupendas aliadas. Solo por su gran población de microalgas, las esperanzas de “salvación” son enormes. Ellas no sólo nutren a una amplia gama de organismos marinos sino que también convierten el carbono en materia orgánica que actúa de la misma manera que un bosque frondoso tierra adentro.  

En esta agua marina tenemos el mayor depósito de carbón del planeta. Porque ella sola puede quedarse con la cuarta parte del CO₂  existente, auxiliada por el  todavía abundante  Después de que estas microalgas mueren, descienden al fondo del océano, llevándose consigo el carbono atrapado, que luego se convertirá en oxígeno. De ahí sale más de la mitad del esencial para nuestra respiración.   

El reconocimiento del inmenso impacto que las aguas de alta mar tiene sobre la vida en el planeta y la urgencia de mitigar las amenazas llevaron, en octubre de 2023, en el marco de la 78ª Asamblea General de la ONU, a firmar un acuerdo a nivel internacional para proteger las aguas abiertas: el Tratado de Alta Mar.   

Veamos de qué trata. Es un documento jurídicamente vinculante que define y relaciona las normas para la conservación y la gestión sostenible de la biodiversidad marina. Se logró que 83 países, entre bellos EEUU y China, lo suscribieran, permitiendo así que se puedan crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales. 

En él se obliga a los Estados que tengan la intención de desarrollar proyectos en alta mar a realizar un estudio de impacto ambiental. Y se garantiza que nadie pueda apropiarse de los recursos genéticos marinos. Por desgracia, aún no es seguro que llegue a buen puerto, ya que debe ser ratificado por al menos 60 países para que entre en vigor. 

Cada uno de ellos, que llevar el acuerdo a sus órganos legislativos nacionales, lo que llevará tiempo y arduas negociaciones. Lo ideal sería que lo ratifiquen cuanto antes para que entre en vigor antes de la conferencia de la ONU del ODS 14, relativo a la vida submarina organizada por Francia y por Costa Rica para junio de 2025. 

Entonces tendrá consecuencias jurídicas porque, de acuerdo al derecho internacional de los tratados de la Convención de Viena, cuando un tratado se firma el país se compromete a no ejercer acciones que puedan vulnerarlo.  

Su nombre oficial es el de “Acuerdo de Biodiversidad Marina de Zonas situadas de Jurisdicción Nacional (en inglés, BBNJ). Y persigue lograr la protección del 30 % de los océanos para el año 2030. 

Dos décadas de negociaciones han culminado en esta firma, lo que supone un hito en este tipo de negociaciones, que normalmente no llevan a ninguna parte. Por fin ahora se ha conseguido establecer reglas para gestionar el espacio compartido en el océano del que nadie puede reclamar propiedad, protegiéndolo así de actividades humanas dañinas.   

Se compone de 75 artículos que pretenden poder gestionar la administración del océano en nombre de las generaciones presentes y futuras, en consonancia con la Convención sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).  

Respecto a sus aspectos fundamentales desacan los siguientes 

• Crear áreas marinas protegidas (AMP) en aguas internacionales. Habrá una especie de parques naturales los que se garantizará la preservación de la vida submarina.   
• Dar un impulso importante a la investigación oceánica y el desarrollo de tecnología marina. Además,, garantizar que el conocimiento científico se utilice para mejorar la gestión sostenible del océano.   
• Conseguir que un nuevo organismo internacional supervise su implementación una vez ratificado y defina una plataforma de colaboración entre países. Y para que los nuevos recursos oceánicos se compartan de manera justa y equitativa entre todos.    
• Redactar disposiciones sobre cómo gestionar de manera sostenible el océano para generar resiliencia al cambio climático y luchar contra la acidificación de los océanos.   

Estamos ante un acuerdo histórico que sella los esfuerzos para proteger las aguas internacionales. Y que permanecerá abierto a nuevas incorporaciones de países que acepten firmarlo hasta 2025. .   

Así pues, la firma del Tratado supone un paso de gigante hacia la protección de los ecosistemas de alta mar. También hacia la mitigación de los impactos de las actividades humanas en estas vastas áreas oceánicas. Sin embargo, no todo es positivo. Porque, como ya se ha indicado anteriormente, para que entre en vigor, es necesario que los gobiernos nacionales lo ratifiquen. Para asegurar su coherencia con las leyes nacionales. 

Y que como mínimo, 60 países lo ratifiquen. Una vez que todo se consiga en solo cuatro meses se convertirá en una ley internacional vinculante La High Seas Alliance creó un Rastreador de Ratificación que controlará el proceso de ratificación por parte de cada país. La Alianza insta a los gobiernos nacionales a acelerar la ratificación y alcanzar el ambicioso objetivo de que el Tratado entre en vigor para la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, prevista para junio de 2025.   

El futuro del Tratado de Alta Mar depende ahora de su implementación y cumplimiento efectivos a medida que los países comienzan el proceso de ratificación y transposición de las disposiciones del Tratado en leyes y regulaciones nacionales.    

Lorenzo Correa

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